La UAI marca la agenda: El Consejo de la Magistratura y los desafíos de la Justicia argentina
La ciudad de Rosario se convirtió en el punto de encuentro de algunas de las principales voces del ámbito jurídico nacional durante el desarrollo del III Congreso sobre las Funciones del Consejo de la Magistratura: Desafíos institucionales para el fortalecimiento del Poder Judicial, organizado conjuntamente por la Universidad Abierta Interamericana (UAI), a través de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
La actividad se desarrolló en el Aula Magna de la UAI y reunió de manera presencial y virtual a cientos de abogados, magistrados, docentes, investigadores, estudiantes y dirigentes de instituciones profesionales de todo el país. El Congreso tuvo como propósito analizar en profundidad las funciones constitucionales y legales del Consejo de la Magistratura, especialmente en un contexto marcado por la inminente elección de los representantes del estamento de la abogacía para el período 2026-2030.
A lo largo de toda la jornada, los asistentes participaron de un recorrido académico e institucional por los principales desafíos que enfrenta actualmente el organismo constitucional creado a partir de la reforma de 1994: la selección de magistrados, los mecanismos de formación judicial, la independencia de los jueces, los procesos disciplinarios y de acusación, la representación de los abogados y la modernización de la administración de justicia. La propuesta estuvo atravesada por una pregunta que apareció de manera recurrente en casi todas las exposiciones: cómo lograr un Poder Judicial más independiente, más eficiente, más transparente y más cercano a las necesidades de la ciudadanía.
La abogacía y la próxima elección de consejeros
El encargado de abrir formalmente el encuentro fue el doctor Gerónimo Martínez, director de la carrera de Abogacía de la UAI y director académico del Congreso. Con evidente satisfacción por la respuesta obtenida, calificó el evento como un hecho inédito para la ciudad: “Estamos ante una situación histórica. Es la primera vez que se desarrolla este evento sobre el Consejo de la Magistratura en Rosario y más precisamente en nuestra querida Universidad Abierta Interamericana”.
“Sentimos que la UAI se pone una vez más ‘la 10’, salimos a marcar un espacio extremadamente importante en el marco de las próximas elecciones de consejeros que se van a realizar”, destacó. Las palabras de Martínez marcaron desde el inicio el tono del Congreso: un espacio de reflexión plural donde la academia, los profesionales y los actores institucionales pudieran debatir uno de los temas más relevantes para el funcionamiento de la República.
La doctora Eloisa Raya de Vera, secretaria de FACA y coordinadora institucional de la actividad, profundizó ese concepto al destacar que el Congreso se desarrolló en vísperas de una instancia muy significativa para la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura. “Esta actividad tiene una enorme trascendencia ya que en los próximos días se van a elegir los futuros consejeros por el estamento de la abogacía que van a integrar parte del Consejo de la Magistratura de la Nación. Esta actividad cumple la función de comprender qué funciones cumple este organismo y qué rol tendrán los futuros consejeros”.
Para la dirigente, la participación informada de los abogados resulta fundamental para preservar la calidad institucional del organismo y fortalecer el papel que la Constitución reserva a la profesión jurídica dentro del sistema de selección y control de magistrados.
A continuación, la doctora Verónica Castro, secretaria académica de la carrera de Abogacía y coordinadora académica del congreso, celebró la presencia de autoridades judiciales, académicas y profesionales provenientes de distintas jurisdicciones. “Es una enorme satisfacción poder recibir autoridades, magistrados, académicos y especialistas que desde distintas experiencias y perspectivas contribuyen al análisis de una temática de indudable relevancia institucional”, reveló
La apertura institucional estuvo encabezada por la presidenta de FACA, la doctora Mariel Tschieder, quien puso el foco en la necesidad de acercar a la ciudadanía una institución que muchas veces permanece alejada del debate público pese a su enorme influencia sobre la administración de justicia. “Valoro el interés por conocer de una manera más profunda una de las instituciones fundamentales de la República como es el Consejo de la Magistratura”, sentenció
La dirigente recordó que el organismo cumple funciones esenciales para garantizar que los jueces sean seleccionados mediante procedimientos transparentes y controlados, evitando concentraciones excesivas de poder y fortaleciendo los mecanismos de equilibrio institucional previstos constitucionalmente.
Luego fue el turno del doctor Marcos Córdoba, decano de la Facultad de Derecho de la UAI y director de su Doctorado en Ciencias Jurídicas. Con una intervención que combinó reflexiones académicas, institucionales y filosóficas, Córdoba afirmó que la temática analizada en Rosario excedía ampliamente los límites corporativos o profesionales. “Este Congreso es verdaderamente una fiesta jurídica por la presencia de destacadas personalidades del derecho”, acentuó
A partir de allí desarrolló una idea que atravesó gran parte de sus presentaciones durante la jornada: la solidaridad como fundamento de la función jurídica. “El ser humano debe ponerse en la posición del otro en todas sus relaciones y actividades. Pensar también en el otro se llama solidaridad”, dijo.
Según explicó, el Consejo de la Magistratura no constituye una cuestión que solamente interese a abogados o jueces: “Aquello que muchos creen que son intereses solo de abogados, o de los integrantes del Consejo de la Magistratura o de uno de los poderes del Estado, en realidad ponen en juego el bienestar de todos los ciudadanos”, indicó. Para Córdoba, la calidad de la Justicia se vincula directamente con la calidad institucional de un país, la vigencia de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social.
La selección de los magistrados
El primer panel del Congreso estuvo dedicado a uno de los aspectos centrales de la actividad del Consejo de la Magistratura: la selección y formación de magistrados.
La doctora Adriana Donato, ex consejera de la Magistratura de la Nación y ex integrante del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, abrió las exposiciones con una detallada explicación sobre el sistema de concursos públicos. Donato comenzó recordando que el Poder Judicial tiene una función singular dentro de la organización institucional argentina: “Todos los tribunales tienen la revisión de constitucionalidad de las normas dictadas por el Congreso Nacional”.
Precisamente por ello consideró que la elección de jueces representa una de las decisiones más trascendentes para el funcionamiento de la República. “Cuando hablamos de la selección de los jueces debemos tener en cuenta estas funciones que le son impuestas por la norma fundamental y en tal sentido se torna imprescindible que se intente elegir a los más idóneos para esta función”, explicitó.
La exconsejera repasó minuciosamente cada etapa del procedimiento: análisis de antecedentes, exámenes de oposición, entrevistas personales, elaboración del orden de mérito, tratamiento de la comisión de selección, votación del plenario y confección de las ternas vinculantes que posteriormente son remitidas al Poder Ejecutivo para su consideración y posterior acuerdo del Senado. Sin embargo, lejos de concentrarse únicamente en los mecanismos formales,
Donato sostuvo que la evaluación debe enfocarse también en aspectos humanos y éticos: “Cuando seleccionamos a un juez debemos ser extremadamente cuidadosos”, y agregó: “Los jueces deben ser valientes, imparciales, éticos, con capacidad de decisión y respeto a todas las partes del proceso”. Para Donato, la capacidad técnica resulta imprescindible, pero no suficiente. El sistema judicial requiere magistrados comprometidos con los valores democráticos y plenamente conscientes de la trascendencia institucional de sus decisiones.
El segundo expositor del panel fue el doctor Juan Pablo Zanetta, presidente de la Comisión de Justicia de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y director general de Defensa del Litigante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su intervención realizó un recorrido histórico sobre el surgimiento del Consejo de la Magistratura durante la reforma constitucional de 1994.
Zanetta recordó que antes de aquella modificación constitucional la potestad presidencial para designar jueces era considerablemente más amplia. Explicó que la creación del Consejo respondió al objetivo de reducir esa discrecionalidad y generar mecanismos más objetivos y transparentes para la selección judicial. El expositor destacó que el nacimiento del organismo debe entenderse dentro del conjunto de reformas orientadas a moderar el presidencialismo argentino y fortalecer los mecanismos institucionales de control y equilibrio.
La doctora Gisela Horisch Palacio, presidenta del Tribunal Electoral de FACA para las elecciones del Consejo de la Magistratura por el estamento de la abogacía, ofreció una exposición que permitió conocer los detalles del proceso electoral que renovará la representación profesional ante el organismo. La elección es organizada por Federación Argentina de Colegios de Abogados y forma parte del cronograma nacional que concluirá con la designación de los representantes para el período 2026-2030.
Horisch Palacio explicó que el reglamento vigente exige estrictos criterios de paridad de género y representación federal. Asimismo, describió el sistema de depuración de padrones, la recepción y validación de avales, la oficialización de listas y la intervención de la Junta Electoral integrada por representantes de FACA y del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Su exposición permitió comprender la magnitud organizativa que implica garantizar una elección nacional en la que participan abogados matriculados en todo el país.
El desafío de formar abogados para el siglo XXI
El segundo panel estuvo dedicado a la independencia judicial, la disciplina y la responsabilidad de los magistrados. La primera exposición correspondió al doctor Alejandro Laje, secretario académico y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAI.
Laje eligió abordar la temática desde la formación universitaria. Según explicó, la Universidad tiene la responsabilidad de preparar futuros abogados capaces de litigar, investigar, juzgar y contribuir al desarrollo institucional del país. “Los abogados tenemos un rol indispensable en la justicia y en la República”, afirmó.
Durante su presentación defendió una formación integral que combine conocimientos teóricos, habilidades técnicas, capacidad crítica, proyección internacional y compromiso ético. “Los grandes casos se ganan con filosofía del derecho”, advirtió. Además, enfatizó la necesidad de desarrollar en los futuros profesionales una virtud que consideró central para la actividad jurídica. “La virtud prudencia se adquiere por prueba y error, pero también a través de la experiencia ajena”, mencionó. Según explicó, la observación y el análisis de experiencias previas constituyen herramientas fundamentales para construir la razonabilidad práctica indispensable en la función judicial.
Posteriormente el doctor Nicolás Demetriou, presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa y vicepresidente segundo de FACA, relató situaciones concretas que permiten comprender las tensiones y dificultades que enfrentan los órganos disciplinarios. Explicó la integración del Tribunal de Enjuiciamiento y describió cómo participan representantes de la abogacía, de las universidades, del Senado y del Poder Ejecutivo.
Posteriormente relató un caso vinculado con un defensor público federal acusado de maltrato laboral. Al iniciarse el procedimiento disciplinario surgió una dificultad inesperada: el Senado no designaba a su representante y el tribunal no podía quedar formalmente constituido. La situación generaba un serio problema porque los plazos procesales continuaban corriendo. “Toda persona tiene derecho a ser enjuiciada dentro de un plazo razonable como garantía constitucional”, concluyó.
Finalmente, la integración pudo completarse y el tribunal resolvió la destitución unánime del funcionario investigado. El caso llevó a Demetriou a plantear posibles reformas tendientes a evitar que situaciones administrativas o políticas terminen afectando el funcionamiento de los sistemas de responsabilidad institucional. “El Tribunal de Enjuiciamiento destituye o absuelve, pero no está facultado para aplicar una sanción menor”, subrayó. A su juicio, existen situaciones donde las inconductas quedan probadas, pero no alcanzan la gravedad suficiente para justificar una remoción. En esos casos, la ausencia de sanciones intermedias genera vacíos institucionales que merecen ser debatidos.
La exposición del doctor Alberto Maques, presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, permitió conocer el funcionamiento cotidiano de los procesos disciplinarios. Maques informó que durante los treinta años de existencia del organismo fueron enviados a jury diecinueve magistrados, de los cuales una parte significativa terminó siendo removida.
Detalló cada una de las etapas procedimentales, desde la recepción de denuncias hasta la actuación de fiscales acusadores ante los tribunales de enjuiciamiento. Pero más allá de la descripción técnica, dejó al auditorio una clara reflexión: “La Justicia es la que tiene que estar muy cercana a la gente”. Según sostuvo, el Poder Judicial debe abandonar el lenguaje inaccesible que históricamente caracterizó muchas de sus resoluciones: “Tenemos que decir las cosas claramente para que la gente las entienda”. Para Maques, la legitimidad social de la Justicia depende en gran medida de la capacidad de comunicarse adecuadamente con la ciudadanía.
Representando a la abogacía
En el tercer panel participaron representantes de distintas listas que competirán en las próximas elecciones de consejeros por el estamento de la abogacía, proceso que ha generado amplio debate dentro de los colegios profesionales del país.
La doctora Valeria Fredes cuestionó especialmente el sistema de entrevistas personales en los concursos para jueces. “El problema fundamental son las entrevistas, que es un proceso que está plagado de subjetividad”, destacó. Afirmó que esas instancias pueden modificar drásticamente el resultado obtenido en exámenes y antecedentes. También planteó la necesidad de acelerar los concursos y reducir el régimen de subrogancias: “Hay concursos que están vencidos desde hace ocho o diez años”. Según advirtió, la acumulación de vacantes y reemplazos temporarios impacta negativamente en la seguridad jurídica y en la calidad del servicio de justicia.
Por su parte, el doctor Alberto Biglieri, profesor de la Universidad de Buenos Aires y ex consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, centró su intervención en la representación de la abogacía independiente. Biglieri sostuvo que muchas veces los profesionales que ejercen libremente la profesión se encuentran en desventaja frente a quienes desarrollan carreras dentro del Poder Judicial.
Además, defendió la necesidad de fortalecer la capacitación permanente: “La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, pero el control humano es lo central”, y cerró con una convocatoria a involucrarse activamente en la vida institucional: “Seamos pregoneros de la elección de los abogados al Consejo de la Magistratura”.
Solidaridad, seguridad jurídica y democracia
Las conclusiones del Congreso estuvieron nuevamente a cargo de la Dra. Tschieder y del Dr. Córdoba. Apoyándose en una frase atribuida a Juan Bautista Alberdi, la presidenta de FACA sostuvo: “Hace la justicia quien hace el juez”. A partir de allí afirmó que discutir el funcionamiento del Consejo significa debatir sobre el tipo de Justicia que la Argentina necesita.
“Cuando discutimos cómo se integra el Consejo de la Magistratura, cómo funciona y cómo debe mejorarse estamos discutiendo algo mucho más profundo: qué jueces queremos para la República”, reflexionó. La presidenta de FACA defendió el diseño constitucional previsto por el artículo 114 de la Constitución Nacional y destacó que el equilibrio entre estamentos no puede interpretarse únicamente en términos numéricos: “El equilibrio constitucional tiene también una dimensión cualitativa”. Asimismo, reivindicó la autonomía de la abogacía y el deber de preservar una representación genuina e independiente dentro del Consejo de la Magistratura.
La última intervención correspondió al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAI, quien llevó la discusión desde los mecanismos institucionales hacia una reflexión más amplia sobre el papel del Derecho en la vida social. Córdoba sostuvo que la seguridad jurídica constituye una condición indispensable para la vigencia de los derechos, el desarrollo económico y la consolidación democrática: “La inversión extranjera depende de la seguridad jurídica”, aclaró. Pero también remarcó que detrás de cada expediente, cada sentencia y cada decisión institucional se encuentra la dignidad de las personas: “El ejercicio de la abogacía es el ejercicio de la solidaridad”, concluyó
Con un auditorio que permaneció atento hasta el final de la jornada, el académico recordó a los estudiantes presentes que la profesión jurídica ofrece múltiples caminos, aunque todos ellos exigen estudio, compromiso y vocación de servicio.
Las diferentes exposiciones dejaron matices y posiciones diversas. Sin embargo, todas coincidieron en una premisa fundamental: una Justicia fuerte, independiente y transparente constituye una condición indispensable para el funcionamiento democrático. Y en esa construcción, el Consejo de la Magistratura seguirá ocupando un lugar decisivo en los años por venir.
