Hacia un mundo con perspectivas de género
Nota de opinión de Sabrina Soledad Garcia, docente de la asignatura "Perspectivas de género" de la Carrera de Abogacía.
El 25 de noviembre es el día elegido para reivindicar la lucha por los derechos de las mujeres. Si bien recién en el año 2000 la ONU lo oficializó, cierto es que el hito histórico fundante data de finales de los años 50, y tiene como referentes a las hermanas Mirabal, quienes fueron torturadas y secuestradas por el dictador Trujillo en República Dominicana. Comprometidas socialmente, las hermanas Mirabal pagaron con su propia vida haberse organizado y comprometido políticamente. Y esa es una constante que se repite: el precio que pagan las mujeres y otras identidades no heteronormadas, cuando deciden organizarse colectivamente. En estos casos, el compromiso siempre tiene un costo más alto.
En nuestro país hace más de 10 años se sancionaba la Ley 26.485 de Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta ley de avanzada- que fue ejemplo para América Latina y el mundo, y que constituye un marco normativo de referencia en la lucha contra la desigualdad y la defensa de los derechos humanos-, pone en evidencia que las leyes recogen demandas históricas que sostienen distintos sectores de la sociedad y por las que luchan durante años. Sin embargo, el hecho de que esas demandas pasen a formar parte de un cuerpo normativo, no implica un cambio de conducta inmediato por parte de la sociedad. La desigualdad y su invisibilización forman parte de un problema estructural que debe abordarse desde múltiples perspectivas, constituyéndose principalmente como un problema de Derechos Humanos. Asumiendo esta perspectiva, la legislación afín, en nuestro país fue avanzando en forma sistemática durante la última década, a pesar de que esta circunstancia no ha dado lugar cambios significativos. Pensemos, por ejemplo, en el acceso a la justicia, donde todavía hoy las mujeres que maternan tienen que atravesar los sinuosos caminos judiciales para reclamar los derechos alimentarios de sus hijxs, o los desaires de las comisarías a la hora de ir a denunciar violencia física.
Pensemos también, que hasta el año 2015 en nuestro país estaba vigente el Código Civil de Vélez Sarsfield, que comenzó a regir en 1871, que colocaba a las mujeres en un lugar de subordinación, reproduciendo las estructuras que conforman el patriarcado, legitimadas en un sistema jurídico de desigualdad. La reforma de este cuerpo normativo en el año 2015 significó un cambio de paradigma que ya estaba planteado en la Ley 26.485/09.
Cabe preguntarse: ¿cómo se hace para defender los derechos de las mujeres y las diversidades? Creo que no hay fórmulas mágicas, que son procesos largos y tediosos porque la desigualdad permea en lo más hondo del tejido social, y erradicarla nos invita a hacer un cruce interseccional y analizar todas las aristas de esta problemática. Sin duda la clave está en la organización, está en todas esas “pibas” que no se callan más, que dan las discusiones y que logran hermanarse con otras y otros (también hay varones que se asumen feministas y que entienden que el sistema patriarcal los afecta) para sostenerse en los diferentes avatares que devienen de la violencia de género en cualquiera de sus formas.
Nuestro país tiene un recorrido en términos legislativos que sienta bases sólidas para lograr la transformación real, pero aún hay que dar debates profundos y en todos los ámbitos institucionales. Pensar en la defensa de los derechos de las mujeres incomoda, interpela, es pensar también en el ámbito universitario y en cómo formamos profesionales con perspectiva de género, es discutir la ocupación de los lugares de poder, el desarrollo de los programas de las asignaturas, es-en definitiva-, pensar en cómo desde cada espacio que ocupamos, damos el debate y nos organizamos. Es cuestionar cómo nos formamos y problematizar situaciones que hemos naturalizado por décadas, es no someterse, es no ser cómplice, y esto es posible solo si lo hacemos colectivamente.
El 25 de noviembre no se trata solamente de reiterar acciones declarativas que manifiesten el deseo de no violencia; es necesario ir más allá; poner en valor el compromiso político de las hermanas Mirabal-que fueron víctimas de la peor expresión de la violencia patriarcal- y saber que la “agenda de género/s" no es algo residual o accesorio, sino un problema estructural de desigualdad, que requiere compromisos genuinos, acciones concretas y organización popular.
