La abogacía en el contexto actual: Claves del Congreso Federal en la UAI

El Aula Magna de la Sede Única Regional Rosario de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) fue el epicentro del Congreso Federal de Abogacía que reunió a profesionales y estudiantes de todo el país para abordar las perspectivas del desarrollo de la abogacía en el contexto actual. Este espacio académico contó con la distinguida participación como expositor del doctor Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

“El abogado, en cualquiera de sus funciones, es una persona que se dedica a la protección de los intereses de otro, y el que se dedica a la protección de los intereses de otro es el que actúa solidariamente”, sostuvo el doctor Marcos Córdoba, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAI.

“La Argentina nos muestra cual es el panorama del desarrollo de la abogacía. La Cámara de Diputados de la Nación está compuesta, en más de un 50%, por abogados. La (Cámara) de Senadores tiene como la profesión más representada a la abogacía. El Poder Judicial es de los abogados, mientras que el Ejecutivo, a excepción de 2 oportunidades siempre fue ejercido por abogados. Ha habido más ministros de Salud con título de abogado que de médico. Los directorios de las sociedades anónimas en su composición, según registros oficiales, tienen una mayor cantidad de abogados que de administradores de empresa”, ejemplificó.

Córdoba explicó que dentro de las funciones del abogado puede estar la investigación científica, la docencia, el dictaminar, la litigación, lo doctrinario, o varios de estos roles de forma conjunta. “La abogacía es el título que habilita a la mayor cantidad de desempeños que reconocer la mayor cantidad de vocaciones”, opinó.

“Los abogados y el derecho cumplimos un rol que no es solamente el destinado a las personas que recurren a nosotros, ya que lo que nosotros planteamos por aquellos que solicitan nuestros servicios provocan un pronunciamiento judicial, doctrina jurisprudencial que luego impulsa al legislador”, afirmó.

Por su parte, el Dr. Erbetta expresó que los abogados son verdaderos operadores del sistema de justicia, no son solo auxiliares, y al igual que los jueces compartes los mismos principios y deberes. “El compromiso es con los principios democráticos, la esencia de la República, la defensa de la Constitución, de las y los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables”, sentenció.

El juez de la Corte también hizo referencia a las particularidades del contexto histórico actual en donde debe ejercerse el rol del abogado: “Vivimos una ola antiderechos, donde se cuestiona a la propia abogacía, donde proliferan los discursos de odio, la discriminación y la intolerancia, donde la batalla cultural se parece a una guerra contra los derechos humanos y la ampliación de ciudadanía. Se cuestiona el progreso económico con justicia social que es una manda constitucional. La concentración de riquezas tiene como correlato las desigualdades sociales. Frente a estas injusticias, tanto la indiferencia como el silencio no es neutralidad, sino complicidad”.

“La justicia es un valor, lo que existen son poderes judiciales cada uno con sus particularidades, estructuras y diseños procesales. Existen problemas estructurales comunes a todos ellos. Pongo especial énfasis en la urgente necesidad de repensar fundamentalmente la justicia federal, y allí la abogacía organizada tiene un enorme trabajo y la política una responsabilidad impostergable”, consideró.

“Somos un poder del estado. Gestionamos la conflictividad para garantizar la paz social”, aseveró agregando: “Gobernamos tratando de limitar la arbitrariedad y los abusos del poder, tanto de los públicos como de los privados. Quien optó por la carrera de abogacía, siempre tendrá un punto de contacto con la conflictividad humana. Debemos profundizar la actualización permanente que nos permite el mejor entrenamiento en el análisis jurídico y la necesidad de desarrollar una especial sensibilidad frente a las afectaciones a la dignidad humana”.

Citando al Papa Francisco concluyó: “Para que la función de abogar y la de juzgar no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal necesitamos de personas nutridas de formación técnica, pero sobre todo con capacidad crítica y apasionadas por la justicia conscientes del gran deber que cumplen. Ninguna norma será un fin es si mismo, sino que estará al servicio de las personas interesadas”.

“Abogar por quienes abogan”

La presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, doctora Mariel Tschieder, reseñó que la abogacía argentina, desde su primera colegiación, se caracterizó en todo momento por la “inveterada posición de respecto por las libertades individuales, los derechos humanos y el acompañamiento de un estado de derecho democrático y constitucional en la República”.

“En Argentina existen 84 colegios y asociaciones. Estos bregan por la consolidación de las instituciones y la expansión del estado de derecho, constituyéndose en un verdadero vallado contra el autoritarismo. Asimismo, la colegiación controla y respalda el accionar del profesional en todas sus instancias, contribuyendo a una mejor calidad del servicio y resguardando los intereses de la ciudadanía”, explicó.

La expositora contó que la FACA persigue la defensa del estado de derecho y el ejercicio libre e independiente de la abogacía, ya que “se constituye en una garantía de la democracia y la democracia es la garante del estado de derecho”. Tschieder recordó que los colegios de abogados tienen el control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario   

Seguidamente, el doctor Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario enfatizó la importancia de observar los parámetros éticos en los que se debe desarrollar la profesión: “Las nuevas formas de litigación nos exhorta a innovar en la creación de esos parámetros de conducta”, y agregó: “El rol de la abogacía es interceder a favor de los otros, y la función de los colegios en términos gremiales es abogar por quienes abogan”

Galdeano contó a los asistentes que los colegios realizan un aporte fundamental al servicio de justicia a través de los consultorios jurídicos gratuitos. “Dispositivos de consulta para la ciudadanía que permiten el acceso al conocimiento de los derechos. También tenemos un convenio con el estado provincial a través de los Centros Territoriales de Denuncia donde jóvenes abogados participan en la toma de las denuncias mejorando la calidad del proceso judicial”, añadió.

La secretaria de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, doctora Eloísa Raya de Vera, destacó la evolución en la modalidad de contratación del profesional. De acuerdo con una encuesta realizada por la Confederación General de Profesionales de la República Argentina la cantidad de abogados que ejercen de forma independiente cayó, desde 2020, del 45%, hasta el 34% actual, con un aumento en los profesionales contratados en relación de dependencia.  

Asimismo, rescató una encuesta de la Comisión Nacional de la Abogacía Joven de la FACA la cual revela que el 60 % de los consultados asegura que tiene otro trabajo por fuera de su profesión para poder sostenerse económicamente, mientras que el 51% de los abogados jóvenes pensó alguna vez en dejar su carrera.  La doctora Raya de Vera refirió a que, en la provincia de Buenos Aires, la FACA promovió la sanción de una ley (14967), la cual establece que los honorarios de los abogados tienen carácter alimentario, que es una norma de orden público, y que elimina la regulación de los pagos en pesos, fijando una unidad de medida para garantizar sus ingresos: el JUS arancelario.

“Hay muchos desafíos. Uno de ellos es lograr una mayor preparación académica, fundamentalmente en dos áreas: el derecho informático y la inteligencia artificial, así como la formación en derechos humanos”, mencionó. También destacó la necesidad de sumar nuevas incumbencias, citando la figura de “la abogacía de la niñez”. 

Con respecto a la internacionalización del derecho recalcó que el Concejo del Mercado Común (MERCOSUR) resolvió que abogados argentinos pueden ejercer consultoría sobre el derecho nacional en los demás países del MERCOSUR y viceversa, donde los colegios locales tendrán potestades de control.

El cierre del congreso estuvo a cargo del doctor Gerónimo Martinez, director de la carrera de Abogacía de la UAI, disertando sobre la abogacía y su rol como medio de pacificación social. “Nuestra función va mucho mas allá de la confrontación. La profesión debe erigirse como un instrumento de equilibrio, un puente entre partes, un catalizador de soluciones. Un garante de paz en el conflicto social”, exhortó

“El estado derecho necesita ser interpretado, defendido y aplicado, y es ahí donde entra el abogado como operador jurídico que garantiza el acceso a la justicia. Es el defensor de derechos fundamentales e intérprete de la legalidad. Representa la promesa del estado de que los conflictos pueden ser resueltos sin violencia, de que el diálogo es posible y que los derechos pueden ser reivindicados por vías legales”, analizó.

“El abogado bien formado y éticamente comprometido no es un mero técnico legal, sino un constructor de puentes, un facilitador del diálogo, un actor clave en la consolidación de una cultura de paz. Su voz, su saber y su acción tienen el potencial de evitar conflictos, de resolverlos sin violencias, y de contribuir en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y humana”, advirtió.

La UAI contó, para la realización de este congreso, con el apoyo de la Inter-American BAR Association, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Colegio de Abogados de Rosario y la editorial Juris. Además, logró la participación de 200 asistentes presenciales, y una concurrencia virtual de más de 350 personas que pudieron seguir las alternativas a través del canal de YouTube la Universidad Abierta Interamericana.

Finalmente, la doctora Verónica Castro (docente y secretaria técnica de la carrera de Abogacía de la UAI), como moderadora de este encuentro, comunicó la resolución del Consejo Superior de designar a los doctores Erbetta, Tschieder, Raya de Vera y Galdeano, en base a sus antecedentes académicos y científicos, como “maestros del derecho” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.