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  • Publicado en: 2026

Evidencia digital bajo resguardo: una obra interdisciplinaria que conecta la informática forense con el derecho

La Sede Única Regional Rosario de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) fue escenario de la presentación de “Cadena de custodia y evidencia digital”, un libro escrito por la especialista María Eugenia Casco y el magister Santiago Roatta, docentes de la Facultad de Tecnología Informática e investigadores de su Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI), junto al doctor Mauro Hernán Perassi, juez del Tribunal Penal Colegiado N.º 1 de Mendoza y el perito informático Leandro Suárez que reúne perspectivas tecnológicas, jurídicas, periciales y criminalísticas.

Concebida como una guía integral, la obra propone procedimientos concretos para preservar la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos digitales y fortalecer su utilización en los procesos judiciales.

En un presente atravesado por teléfonos móviles, conversaciones de WhatsApp, redes sociales, servicios en la nube, cámaras, drones y dispositivos capaces de generar o almacenar información, prácticamente cualquier investigación puede encontrarse con una evidencia digital. Sin embargo, obtener un archivo, realizar una captura de pantalla o secuestrar un dispositivo no alcanza para garantizar su valor en un proceso judicial. Entre el momento del hallazgo y su eventual presentación ante un tribunal existe un recorrido técnico y jurídico que debe documentarse, controlarse y poder ser reconstruido. Sobre ese territorio, en el cual convergen el derecho, la tecnología informática y la criminalística, se desarrolló la producción de este libro.

La obra, publicada por Editorial Hammurabi, ofrece un análisis técnico, legal y forense de la cadena de custodia aplicada a la evidencia digital. A lo largo de sus 250 páginas, aborda los procedimientos que deben cumplirse para identificar, recolectar, adquirir, preservar, analizar y presentar información electrónica sin comprometer su confiabilidad. La propuesta procura acercar respuestas a quienes intervienen en causas judiciales, investigaciones internas, pericias o controversias en las que un dato digital puede alcanzar relevancia probatoria.

Casco explicó que, aunque existen antecedentes bibliográficos sobre la materia, la singularidad del trabajo reside en el modo en que fue concebido y organizado. “No es el primer libro relacionado con evidencia digital, pero sí en particular con la forma en que nosotros elegimos armarlo para que pueda ser útil a cualquier tipo de profesional, no solamente a abogados e ingenieros”, señaló. Según mencionó, el propósito fue reunir y presentar el conocimiento de una manera accesible, sin reducirlo a un único campo disciplinar.

“Nuestra intención es llevar este conocimiento de forma compilada, de forma clara, para que pueda aprovecharse independientemente de si las personas están estudiando o van a aplicar los conocimientos en su profesión”, agregó la especialista. Esa vocación pedagógica recorre la obra: los conceptos técnicos son explicados en relación con los problemas jurídicos que ayudan a resolver, mientras que las categorías legales se ponen en diálogo con las operaciones concretas que se realizan durante el tratamiento de un dispositivo o de una fuente de información.

Roatta sostuvo que el proyecto nació precisamente de la necesidad de ordenar contenidos que aparecían dispersos y que, con frecuencia, eran estudiados desde perspectivas separadas. “La inquietud por este libro surge por compilar y juntar conceptos e información que estaba por ahí y nosotros veíamos que estaba divergente, con una mirada tanto tecnológica como jurídica”, advirtió. El docente e investigador del CAETI remarcó que las expresiones “cadena de custodia” y “evidencia digital” suelen asociarse de inmediato con el lenguaje judicial, pero que su aplicación requiere conocimientos y decisiones técnicas. “Nosotros acá los abordamos también desde una mirada tecnológica”, afirmó.

 

“Es muy difícil hacer una pericia, pero es muy fácil tirarla abajo”

El libro se concentra en la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos. La integridad permite demostrar que la información no fue modificada; la autenticidad procura establecer que el elemento es lo que dice ser y proviene de la fuente que se le atribuye; y la trazabilidad posibilita reconstruir quién obtuvo, trasladó, almacenó, examinó o entregó la evidencia, en qué momento y bajo qué condiciones.

Dentro de ese esquema aparecen las funciones HASH, algoritmos matemáticos que transforman datos de cualquier tamaño en una cadena de caracteres de longitud fija. Su utilización permite generar una suerte de huella digital del contenido: si un archivo cambia, aunque la modificación sea mínima, el resultado de la función también será diferente. La obra examina este recurso junto con los códigos HMAC, los metadatos y otros mecanismos destinados a verificar las condiciones en las que fue gestionada la información.

Roatta sintetizó el impacto que puede tener una actuación deficiente con una frase escuchada habitualmente en ámbitos profesionales: “Muchas veces se ha dicho que es muy difícil hacer una pericia, pero es muy fácil tirarla abajo”. Frente a esa idea, señaló que una gestión adecuada de la evidencia digital y el respeto por la cadena de custodia permiten reducir cuestionamientos y evitar que el trabajo pericial pierda valor por errores de procedimiento.

Casco planteó, a su vez, una actualización conceptual. “¿Por qué no se habla más de informática forense? Porque ahora el concepto de informática forense se ha reemplazado por el de gestión de la evidencia digital”, reveló. La modificación no es meramente terminológica: desplaza la atención desde el análisis aislado de un equipo hacia el ciclo completo de los datos, desde su reconocimiento inicial hasta la elaboración del informe y su presentación en un ámbito judicial.

La autora también diferenció las expresiones propias de cada disciplina. “Nosotros, los ingenieros, le decimos evidencia; jamás le decimos prueba, porque eso corresponde a los abogados”, puntualizó. El dato digital puede ser recolectado, preservado y analizado por especialistas, pero su incorporación como prueba y la valoración que finalmente reciba corresponden al proceso jurídico. Para que ese pasaje sea posible, ambos campos deben comprender cómo trabaja el otro y establecer criterios comunes.

“La adecuada gestión de la evidencia digital, que básicamente es aquel dato o información en formato digital relevante para una investigación, es la que nos va a permitir llegar a buen puerto, asegurando la cadena de custodia”, aseveró Casco. Luego ofreció una definición que permite comprender el núcleo de la obra: “Cadena de custodia es un conjunto de procedimientos que se realizan para asegurar que la evidencia que se levanta en la escena sea la misma que se presenta en un proceso legal”.

La guía profundiza en los equívocos que pueden quebrar esa continuidad. “En el libro nos enfocamos en muchos de estos errores detectados en la cadena de custodia, sobre todo en la práctica cotidiana. Muchas veces no se adviertes inicialmente y se arrastran durante todo el proceso legal”, comentó Casco. Una identificación incorrecta, la ausencia de documentación, el embalaje inadecuado, una copia realizada sin métodos forenses o la imposibilidad de determinar quién tuvo acceso a un dispositivo pueden comprometer una investigación completa.

El origen del proyecto se remonta a una experiencia concreta. Suárez recordó que comenzó a tomar forma en 2014 cuando, junto con Casco, intervino en un caso particular relacionado con una serie de actividades inusuales en internet. Se habían producido comentarios que alcanzaron una difusión “explosiva y masiva”, y el equipo debía encontrar la forma de identificar los perfiles involucrados, conocer sus correos electrónicos y establecer si se trataba o no de cuentas reales.

“Con Eugenia empezamos a ver que, más allá de la normativa ISO, no existía la posibilidad de leer algún manual, tratado o escrito realizado por un informático o un ingeniero”, relató. En cambio, encontraron numerosos libros de abogados que citaban a otros profesionales del derecho y distintos protocolos oficiales que consideraron necesario estudiar, debatir e incluso cuestionar, entre ellos los elaborados por organismos de seguridad y justicia.

Fue en ese punto cuando surgió una convicción: “Tenemos que hacer un libro en el que podamos explicar la norma ISO como elemento fundamental para hablar de evidencia digital”. Según Suárez, no encontraron en los códigos de fondo y de forma del país un desarrollo que explicara integralmente el concepto, las características, la estructura y las modalidades de actuación frente a esta clase de evidencia. Aquella necesidad profesional se convirtió así en el punto de partida de un proceso de investigación y escritura que se extendió durante años.

“Este libro busca explicarle a un estudiante, a un profesional del derecho o a un magistrado, cuando tiene enfrente evidencia digital, cómo tratarla, cómo obtenerla y cómo analizarla”, resumió el perito. Para hacerlo, la obra no se limita a enumerar herramientas, sino que describe un proceso verificable.

“Para poder obtener evidencia digital se requieren pasos. Se requiere un proceso que establece claramente ISO”, sentenció Suárez. Ese recorrido incluye la identificación de la posible fuente, su registro, la recolección o adquisición, el resguardo, la preservación y la documentación de cada intervención. “También incluimos la normativa IRAM y aplicamos principios del ámbito de la criminalística. Ya no es un campo exclusivo del derecho: incluye la informática y la criminalística. Estamos hablando de una actividad interdisciplinaria, y justamente este libro busca tener esa mirada”, afirmó.

Esa interdisciplina cobra especial importancia en el control de las pericias. Para Suárez, la cadena de custodia y el control pericial dejaron de ser conceptos exclusivamente jurídicos debido a la diversidad de dispositivos que pueden aparecer en una investigación. No se trata solamente de computadoras y teléfonos: también pueden examinarse drones, sistemas de videovigilancia, equipos conectados, soportes extraíbles o artefactos fabricados de manera artesanal.

En ese contexto, explicó, los organismos de control deben asegurar la participación de las partes y de la defensa en el acto pericial. La posibilidad de verificar y auditar el procedimiento no constituye un obstáculo para el trabajo técnico, sino una condición para que sus resultados tengan solidez y puedan ser discutidos en igualdad de condiciones.

Suárez observó, además, que estos problemas ya no pertenecen únicamente al proceso penal. “Quienes ejerzan en el campo del derecho de familia o del derecho laboral se van a encontrar diariamente con capturas de pantalla, conversaciones de WhatsApp sin el respaldo tecnológico correspondiente y extractos de filmaciones sin que se haya realizado la copia forense de los dispositivos”, subrayó.

Esas situaciones aparecen en el libro con una finalidad concreta: impulsar una actuación profesional que necesariamente incorpore la intervención informática. “Hoy el abogado ya no puede trabajar solo, sino que requiere de otros profesionales para hacer una tarea más correcta y rigurosa y, como bien indica la normativa, permitir que todo lo realizado pueda ser verificado y auditado”, sostuvo.

 

La escena del crimen también es digital

La obra dedica espacio a las capturas de pantalla y sus limitaciones, al análisis de metadatos, redes sociales y fuentes dinámicas, y a la distinción entre evidencia custodiada y no custodiada. También estudia las clases de extracciones, las herramientas forenses, el software libre, los entornos en la nube y el e-discovery, es decir, los procesos de identificación, recolección y análisis de información almacenada electrónicamente para su utilización en litigios o investigaciones.

Otros capítulos tratan los problemas técnicos de los reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), la redacción y el control de informes técnicos, la preservación de soportes, la sanitización de dispositivos, el borrado criptográfico y el fin del ciclo de vida de la información. El temario se completa con análisis de casos y jurisprudencia seleccionada, destinados a mostrar cómo los principios técnicos se proyectan sobre conflictos reales.

Uno de los aportes más prácticos del libro es el desarrollo de criterios para controlar pericias informáticas bajo normativa específica, detectar errores informáticos en actas notariales e impugnar actas de secuestro. La propuesta no consiste en convertir a todos los operadores jurídicos en peritos, sino en brindarles conocimientos suficientes para reconocer riesgos, formular preguntas pertinentes y advertir cuándo un procedimiento no puede ser reproducido o auditado.

Perassi fue quien aportó con mayor énfasis la perspectiva judicial. “Yo soy el único que participa en calidad de abogado, pero en realidad lo importante son los expertos informáticos y los peritos”, expresó al presentar su contribución. Aunque definió su intervención como un acercamiento y una explicación jurídica de algunos desafíos, agradeció haber sido integrado al proyecto por un motivo central: “Lo que valoro fundamentalmente es la interdisciplina”.

“Acá estamos, desde distintos puntos de vista, tratando de llegar a un consenso para hacer las cosas de la manera correcta”, apuntó. Su trayectoria como juez, fiscal, abogado y docente le permitió observar el problema desde distintos lugares del sistema. Desde hace más de dos décadas, además, participa en la formación de futuros peritos, una actividad que identificó como parte esencial de su vocación.

El magistrado recordó que en 2010 tuvo la oportunidad de participar en el primer libro escrito en la Argentina, desde el punto de vista jurídico, sobre la cadena de custodia. Aquella obra fue realizada junto con una licenciada en Criminalística y una licenciada en Ciencias Penales y Sociales. Los interrogantes de entonces estaban vinculados, entre otros temas, con el ADN y las evidencias biológicas: si se recogía sangre en un lugar, era necesario acreditar que esa muestra era la misma que luego había sido analizada en un laboratorio y finalmente presentada durante el juicio.

“Estos desafíos, en definitiva, se modernizaron, pero son los mismos que me motivaron en aquella oportunidad a trabajar interdisciplinariamente”, reflexionó Perassi. La escena física no desapareció, pero ahora convive con una “escena del crimen digital” que exige nuevas competencias, protocolos y formas de documentación. “Hoy contamos con una escena del crimen digital y con la necesidad de las partes de aportar elementos de prueba a los procesos penales”, indicó. A partir de allí planteó las preguntas que atraviesan la obra: “Desde el ofrecimiento, la producción y la valoración, ¿cuál es la forma correcta? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace?”.

Las respuestas no pueden construirse únicamente desde la teoría jurídica ni desde la habilidad técnica individual. Requieren procedimientos consensuados y estándares que indiquen qué debe hacerse, cómo debe documentarse y de qué manera puede verificarse posteriormente. Para Perassi, la buena práctica depende de la experticia, pero también de un consenso científico situado en un momento histórico específico.

“Nosotros vemos en el proceso penal todo el tiempo la mala praxis”, aclaró. En una pericia informática, agregó, una actuación incorrecta puede destruirlo todo: “Todo lo que se hace no sirve si la evidencia no sobrevivió a la propia pericia; si todavía se conserva, si no desapareció, si no fue alterada o modificada de una manera que no pueda volverse atrás”.

Frente a esa fragilidad, destacó el valor de las prácticas reconocidas por la comunidad especializada. “En este momento específico de la historia, el consenso científico mundial determina que las cosas se hacen como los tres coautores, junto conmigo, lo explican detalladamente. Existen muy buenas razones para hacerlo de esa manera y no de otra”, concluyó.

La presentación en la UAI dejó planteada una cuestión que atraviesa diariamente a los tribunales, estudios jurídicos, fuerzas de investigación, organismos públicos, empresas y equipos técnicos: la información digital puede ser decisiva, pero su sola existencia no garantiza que sea utilizable. Una captura, un mensaje, un video o un registro de actividad adquieren verdadero valor cuando es posible explicar su origen, demostrar su integridad, reconstruir cada intervención y someter el procedimiento al control de las partes.

“Cadena de custodia y evidencia digital” responde a ese desafío mediante un lenguaje que conecta disciplinas y transforma estándares técnicos en herramientas de trabajo. En lugar de presentar al derecho, la criminalística y a la informática como campos separados, la obra muestra que la validez de una actuación depende de la capacidad de estas áreas para dialogar entre sí.